“El INE y autoridades penitenciarias fortalecen las acciones orientadas a garantizar el derecho a la identidad y la inclusión registral de las personas privadas de la libertad”: Leonor Abdala Gamboa, Vocal del Registro Federal de Electores en Yucatán.
El Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán, en coordinación con la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social del Gobierno del Estado de Yucatán, realizó los primeros trámites de credencialización en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Mérida, como parte de las acciones encaminadas a garantizar el derecho a la identidad de las personas privadas de la libertad.
Personal del INE en el estado, acudieron al CERESO meridano para llevar a cabo los primeros procedimientos para la obtención de la Credencial para Votar con Fotografía o, en su caso, de una credencial que funcione como medio oficial de identificación, conforme a la situación jurídica de cada persona solicitante.
La vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en la entidad, María Leonor Abdala Gamboa detalló que “estas actividades se desarrollan en el marco del Convenio de Coordinación y Colaboración que se encuentra en su etapa final de formalización entre el INE y la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social.
“El objetivo es establecer los mecanismos de coordinación necesarios para llevar a cabo la credencialización de personas privadas de la libertad sujetas a una medida cautelar o de seguridad, así como de aquellas que cumplen una sentencia en los centros de reinserción social de Yucatán.
“La implementación de este esquema permitirá acercar los servicios registrales del INE a esta población, facilitando el acceso a un documento oficial de identidad y, en los casos previstos por la legislación vigente, al ejercicio de los derechos político-electorales”.
Abdala Gamboa precisó que estas acciones “se realizan en apego a los Lineamientos para la credencialización de personas privadas de la libertad, aprobados por el Consejo General del INE mediante el Acuerdo INE/CG1125/2025, publicado el 23 de septiembre de 2025, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia SUP-REC-342/2023.
Con este esfuerzo institucional, el INE y las autoridades penitenciarias fortalecen las acciones orientadas a garantizar el derecho a la identidad y la inclusión registral de las personas privadas de la libertad, contribuyendo a su proceso de reinserción social y al reconocimiento pleno de sus derechos.