Chetumal.
Agencias
El Congreso del Estado de Quintana Roo se sirve con la cuchara grande con un Presupuesto de Egresos para 2022 de más de 485 millones 622 mil 930 pesos, del cuales 317 millones 750 mil 210 pesos serán para nómina y más de 99 millones 572 mil 500 pesos a las cuestionadas ayudas sociales, mismas que aumentaron 24 millones de pesos más que en 2021.
Además, los diputados presididos por el panista Eduardo Martínez Arcila, solicitan cambio de vehículos para algunos de los integrantes del Poder Legislativo y la renta de un edificio por más de un millón de pesos, ya que argumentan allí si podrán atender a sus laborales.
Publicado en el Periódico Oficial de Quintana Roo, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, señala que también destinará 97 millones 803 mil 772 pesos para remuneraciones adicionales y especiales; así como 50 millones 492 mil 413 para el pago de estímulos a servidores públicos, sin especificar a qué tipo de funcionario se le dará recompensa y por qué motivo.
Otro de los capítulos más onerosos es el que se señala como otras prestaciones sociales y económicas que asciende a 64 millones 890 mil 474 pesos; para combustibles, lubricantes y aditivos 11 millones 215 mil pesos; y para servicios de comunicación social y publicidad $ 11 millones 225 mil 320 pesos.
Entre las acciones que se auto autorizó el Congreso del Estado con un mayor presupuesto para la construcción de una cafetería, la renta de un edificio, sillones ejecutivos, equipos de cómputo y la compra de nuevos vehículos, entre otros.
Por un lado, los diputados contratarán Servicios de Obra Pública para la Construcción de la Cafetería y su equipamiento, que constará a los quinatanarroenses 2 millones 500 mil pesos y los quiere para los meses de enero a junio del presente año 2022.
Asimismo, se autorizó la renta de un edificio nuevo, situado a 50 metros de la sede del Congreso del Estado que ayudará a que las funciones administrativas y legislativas sean más eficientes en para apoyo a los Legisladores. Para ello, requiere un presupuesto adicional para la adecuación de las oficinas administrativas y legislativas en el edificio nuevo en renta, por un monto de un millón de pesos para el mes de enero de 2022.
Otro de los aumentos autorizados por los diputados es para la adquisición de sillones ejecutivos de la sala de comisiones, para lo cual destinará un presupuesto adicional 500 mil pesos para el presente mes de enero de 2022.
Aunado a este, los legisladores ampliaron el presupuesto para la adquisición de sillones semi ejecutivos, secretariales y escritorios para el personal de las distintas áreas, por lo que se requiere de un monto de Un millón de pesos para los meses de enero a febrero de 2022.
Los integrantes del Poder Legislativo requieres un presupuesto adicional para la adquisición de equipos de cómputo para el personal, por un monto de un millón quinientos mil pesos para los meses de enero y febrero de 2022.
Y para la adquisición de vehículos para las áreas operativas y administrativas, recibirá un monto de un millón de pesos para los meses de enero y febrero de 2022.
Por otra parte, el salario de los diputados también tuvo algunos ajustes al alza, al igual que otros funcionarios del Congreso del Estado.
A partir del presente año, los diputados locales ganarán al mes 66 mil 284 pesos; el secretario general, el titular órgano interno de control, y el encargado de la Unidad de vigilancia ganarán 50 mil 307 pesos; el subsecretario 41 mil 135 pesos; el director general 38 mil 157 pesos; y los directores y coordinadores 32 mil 210 pesos; el subdirector 27 mil 170 pesos.
Además, el jefe de departamento 25 mil 544 pesos; el jefe de unidad 19 mil 248 pesos; los profesionistas 13 mil 968 pesos; el analista profesional 11 mil 590 pesos; el auxiliar administrativo 9 mil 569 pesos; el operador de mantenimiento 8 mil 659 pesos; el auxiliar de mantenimiento 7 mil 505 pesos; y auxiliar a secas 5 mil 881 pesos.
Entre tanto, el asunto más cuestionado del Presupuesto de Egresos de 2022 es el relativo a las ayudas sociales, que asciende a 99 millones 572 mil 500 pesos a las cuestionadas ayudas sociales, pues año con año se distribuyen a discreción por los legisladores, en total opacidad.
Llama la atención que las ayudas sociales para este año aumentaron más de 24 millones de pesos, respecto al 2021 cuando los diputados se auto asignan 75.5 millones de pesos.
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) y el Observatorio Legislativo destacan que la partida que los legisladores supuestamente utilizan para “ayudar” es independiente de los programas previstos para la atención de los sectores más vulnerables de la población.
El Poder Legislativo de Quintana Roo es el único en el país que tiene este concepto de ayudas sociales. Los diputados no deberían tener facultades para dar ningún tipo de ayuda social porque no es propio de ellos, su actividad es legislar, no es materia de su trabajo repartir ayudas sociales.
La activista social Cinthia Dehesa, expresidenta del Comité de Participación Ciudadana dijo que esta actividad le corresponde al Poder Ejecutivo a través de instituciones y órganos de gobierno creados con ese objetivo, con planes y programas especiales para ayudar al desarrollo de las personas.
“Lo que queremos es que esos recursos, que son una gran cantidad que se manejan discrecionalmente los diputados, se usen de la mejor manera para promover el desarrollo y no como dádivas que se puedan utilizar como un tema clientelar”, comentó.
Explicó que corresponde al Poder Ejecutivo designar el destino de estos recursos a instancias especializadas en la atención social. El gasto de ayuda social ejercido mediante los programas ya establecidos cuenta con fundamento legal, tiene objetivos y metas, su población objetivo está determinada o es determinable.
Agregó que está sujeto a las disposiciones de transparencia, rendición de cuentas, evaluación y fiscalización; en cambio, el presupuesto para “Ayuda Social” de los diputados carece de ley, de programa, de reglas de operación, de registros o padrones, de definición de objetivos y metas.
“El tema de las ayudas sociales ha sido controversial por muchos años, no somos los primeros en hacer algo al detectar irregularidades en la entrega de estos recursos”, puntualizó. En este sentido reconoció que el Observatorio Legislativo también ha hecho señalamientos sobre cómo se manejan esos recursos.
“La mayoría de las organizaciones buscan transparentar el uso de los recursos, nosotros no consideramos que deben ser transparentes, sino que esa partida no debe existir, debe trasladarse a las instancias correspondientes”, subrayó.