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Diputada de Movimiento Ciudadano Plantea información oportuna, accesible y en lengua maya, además de medidas de prevención, vigilancia, restauración y reparación de daños.

Propone reformar el Artículo 7 Bis para garantizar participación y consulta a comunidades mayas ante bancos de materiales pétreos.

Ante la preocupación de habitantes de diversas localidades de Yucatán por los impactos de los bancos de materiales pétreos, la diputada indígena de Movimiento Ciudadano, Abigail Uc Canche, presentó una iniciativa para incorporar una nueva garantía en el Artículo 7 Bis de la Constitución local.

La propuesta busca que las comunidades mayas participen, a través de sus instituciones representativas, en los procesos de información y toma de decisiones sobre proyectos de exploración y explotación de materiales pétreos que puedan afectar de manera significativa sus territorios, recursos naturales, viviendas, salud, medios de subsistencia y patrimonio biocultural.

La legisladora maya hablante, señaló que en localidades como Yaxcopoil, Xcucul Sur, Tebec, Hotzuc, así como en otras comunidades de Umán y distintos municipios del estado, las familias han manifestado inconformidad por situaciones como daños por sus viviendas, polvo en el ambiente, tránsito constante de vehículos pesados, pérdida de vegetación y cambios en su entorno.

Subrayó que, si bien existen disposiciones ambientales y normas técnicas vigentes, es necesario elevar la protección a rango constitucional para que no dependa únicamente de trámites administrativos, sino que sea una obligación clara de las autoridades, incluyendo la vigilancia del cumplimiento, la evaluación de impactos y la atención oportuna ante riesgos.

“Desde la bancada naranja lo decimos con claridad: las comunidades mayas y rurales no pueden seguir siendo vistas como territorios disponibles para la explotación, mientras sus habitantes quedan al margen de las decisiones que transforman su entorno”.
“Ti’ u múuch chakk’aank’ane’ k a’alik tu beel, le maaya kaajo’obo’ ma’ tu páajtal u maas loobilta’alo’obo’ yéetel u k’askunsa’al u lu’umo’ob, ka’alikil u kajnáalilo’obe’ ku p’aatalo’ob chen beyo’”.

Con la iniciativa se busca que las ciudadanas y ciudadanos cuenten con información clara y oportuna con los datos accesibles y, cuando corresponda, se brinden también en lengua maya, antes de que las decisiones estén tomadas o las afectaciones sean irreversibles.

También se enfoca a garantizar la participación efectiva de las comunidades y el respeto al derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada cuando sea jurídicamente exigible. Y que las autoridades adopten acciones de prevención, vigilancia, restauración y reparación de daños.

La legisladora precisó que la iniciativa no plantea prohibir toda actividad extractiva ni desconoce la importancia de los materiales pétreos para la construcción y la infraestructura, sino que busca un equilibrio en el que los derechos humanos, la dignidad de las personas y la protección ambiental sean indispensables.

“El desarrollo no puede medirse únicamente en toneladas de material extraído, en permisos otorgados o en obras construidas. También debe medirse en la calidad de vida de quienes habitan los territorios donde se realizan estas actividades”.
“Le u bin táanil le noj lu’uma’ ma’ chen ku yila’al yéetel le bika’aj lu’um je’el u béeytal u jo’sa’al, wáaj le permisos ku ts’aabalo’, beyxane’ unaj u cha’a’chi’tik tu’ux ku chíimpolta’al máaxo’ob kajakbalo’ob te lu’umo’. Ka’ajakte’exe’”.

Afirmó que el territorio maya como espacio ligado a la milpa, la apicultura, el monte, la historia y la vida cotidiana de las familias, no puede considerarse solo una superficie disponible para la explotación, y sostuvo que el desarrollo de Yucatán debe construirse escuchando y respetando a sus comunidades.

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